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Abstencionismo electoral de cara al 2018

Colombia es un país con un largo historial de abstencionismo electoral. Este es uno de los temas que genera mayor preocupación dentro de una democracia, pues socava los valores más profundos de la misma. No obstante, al mismo tiempo es un indicador de la desilusión, apatía e inconformidad del pueblo con la representación política.

Si hiciéramos un experimento y habláramos con un gran número de personas, lo más seguro es que la mayoría afirmara que quiere vivir bajo un régimen participativo y no en una dictadura. Sin embargo, cuando se habla de participación los hechos demuestran el poco interés de la mayoría de personas por ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos en una democracia.

Al analizar cifras históricas del abstencionismo en Colombia, basándonos en datos de la Registraduría, podemos llegar a la conclusión que en promedio solo la mitad de los colombianos habilitados para votar lo hacen durante las elecciones presidenciales. El año que demostró el nivel más alto de votación fue 1974, donde 58.47% de las personas habilitadas votaron. Sin embargo, no es una cifra muy alta teniendo en cuenta que lo ideal es que todas las personas mayores de edad intervengan en los procesos electorales sin importar cuál sea su orientación política o incluso si desean hacerlo en blanco.

Colombia es una país donde los fenómenos deben ser analizados desde muchas vertientes debido a la diversidad de sus contextos. No es preciso generalizar las causas del abstencionismo, pues con una realidad tan compleja puede responder a múltiples razones que van desde la violencia hasta la pereza. Es claro que la organización electoral en ciertas regiones del país no brinda las garantías necesarias para que las personas puedan ejercer su derecho libremente. Hay corrupción y grupos armados que mediante la coerción limitan estos procesos. En todos los casos es preocupante.

Desde la Asociación Formadores de la Opinión Pública, estamos interesados principalmente en analizar el fenómeno abstencionista de aquellas personas que se encuentran con todas las posibilidades en su contexto para ejercer el derecho al voto libremente y no lo hacen. Nuestra labor será promover un diálogo abierto en torno al tema, específicamente las elecciones del 2018, con el fin de generar acciones que propendan a la construcción de una cultura participativa activa.

Una de las fuerzas electorales grandes de un país es el voto joven. A pesar de ello, es evidente una creciente apatía por parte de este grupo frente a la política. Esto es consecuencia de las dudosas administraciones, la corrupción y el mal manejo en general del que se es testigo día día. Por esto no es de extrañar que  en la reciente encuesta Gallup los partidos políticos tengan una desaprobación del 87%.

Es difícil para ellos encontrar a alguien con quien sentirse representados. Sin embargo, también es evidente su capacidad de movilización social que recientemente se ha visto demostrada, por ejemplo, con las marchas estudiantiles en pro de la firma del acuerdo de paz.  

Según una encuesta realizada por El Ministerio del Interior de Colombia, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y el Barómetro de las Américas el 55,2 de los jóvenes piensan que la democracia es la mejor forma de gobierno pero no votan. Entonces, es necesario y urgente encontrar la motivación necesaria para que puedan ejercer el sufragio, pues sin él una democracia no es eficiente del todo.

La indiferencia nunca ha generado grandes cambios. Por esto es importante que en Colombia se cree una cultura participativa donde se comprendan e interioricen a fondo las razones por las cuales es valioso e importante ser un ciudadano activo. No basta con lamentarse por la situación. Allí donde hay un problema, siempre hay una potencialidad.

Siendo así, hacemos una invitación abierta a todas las personas para que tengan un acercamiento al tema y puedan dar su opinión. Deseamos que muchos de esos colombianos que se han negado a votar, reconsidere su decisión para las próximas elecciones. Sin embargo, es un proceso que requiere apoyo de organizaciones estatales y de la sociedad civil mediante pedagogía y discusión del tema.

Por María Fernanda Ramírez

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